Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, narco rosarino que fue asesinado el 25 de octubre del año pasado en una vivienda ocupada en Pago Largo al 600, en la zona norte de la ciudad, mientras se encontraba en una alternativa a la prisión preventiva en el mencionado domicilio, tras estar sospechado de ser el autor material del atentado a balazos contra la casa del exgobernador, Antonio Bonfatti.
Quien dictó esa modalidad preventiva fue el Juez de Primera Instancia, Hernán Fernando Postma, y generó diversas controversias. Por ello, se inició una posible destitución a través de un jury (jurado, conformado por personas que no son jueces) en la Justicia a cargo del Procurador General, Jorge Barraguirrem, quien consideró que ese beneficio “no tuvo racionalidad por el tipo de delito atribuido a Sandoval, que lo obligaba a transitar en prisión el proceso judicial”.
Así, Barraguirre requirió la apertura de un juicio contra Postma por mal desempeño y falta de idoneidad técnica a raíz de haber autorizado la morigeración (moderación) de prisión a los hermanos Emanuel y Lucas Sandoval.
Postma designó al abogado Gustavo Feldman como su defensor, quien dialogó con Radio Mitre Rosario y aseguró que el juez “actuó dentro de los marcos de la legalidad”. Y explicó: “Recordemos que Sandoval era una persona inocente porque no estaba condenada y que se trataba de una medida cautelar para sujetar al imputado durante el proceso, esta medida fue pedida por la fiscalía y la defensa en la audiencia prestó su anuencia, es decir, la aceptó”.
En ese sentido, Feldman detalló que, de acuerdo a nuestro sistema de enjuiciamiento penal, con todos estos detalles, “el juez no solo actuó en el marco de la legalidad, sino que no tenía otra alternativa”.
“El juez no podía prorrogar de oficio la prisión preventiva y tampoco podía trasformar en prisión preventiva, el pedido de modalidad alternativa que había planteado el fiscal, es así nuestro sistema acusatorio hoy en la provincia de Santa Fe”, remarcó.
Además, el defensor del juez afirmó que “el dueño de la acción penal y de las potestades acusatorias entre las cuales esta detener o controlar la libertad del sujeto en proceso, es el Ministerio Público de la Acusación”.
“El fiscal Spelta también actuó en el marco de la legalidad. Si hubiese sido distinto, que el fiscal hubiese pedido que se prorrogue la prisión preventiva y que la defensa pida la alternativa que se sancionó, entonces ahí si el juez tiene la alternativa de acoger la medida más gravosa para la libertad del imputado o una alternativa. El juez puede morigerar la coección, nunca agravarla”, subrayó.
Asimismo, consideró “irracional” el pedido de baraguirre y también apuntó contra las conclusiones planteadas por el Fiscal de Cámaras Guillermo Corbella, en las cuales fue muy crítico con Postma.
“Ambos están formados en el viejo sistema de instrucción penal penal en el que el juez hacía todo. Todo eso atrasa 50 años”, concluyó Feldman.
Este martes por la mañana, se formalizó el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados a fin de decidir la semana próxima si acepta o rechaza el pedido de jury para el juez rosarino. El Tribunal esta compuesto los seis ministros de la Corte Suprema, un senador y un diputado provincial, y dos matriculados sorteados a propuesta de los cinco Colegios de Abogados de la provincia. La semana próxima se abrirá el procedimiento que en caso de ser aceptado implicará la suspensión del magistrado acusado, que es miembro del Colegio de Jueces de Rosario, y la retención del 50 por ciento de su salario.
