Crece el debate por el impuesto al sello en los alquileres

El diputado provincial Rubén Giustiniani propone eliminarlo de los contratos.

Por Diego Montejo

martes 29 de agosto, 2017

El impuesto solo representa el 1.3% del contrato

En medio de la polémica por los altos precios de los alquileres, el diputado provincial Rubén Giustiniani propone eliminar el impuesto a los sellos en los contratos. La propuesta se presentó la semana pasada en la Cámara de diputados provincial y espera tratamiento de comisión en los próximos días.

Según Giustiniani, lo que pretende es una modificación al Código fiscal provincial lo que significaría un alivio para los inquilinos cuando firman sus respectivos contratos. Con respecto al proyecto presentado anteriormente por el diputado socialista Rubén Galassi, opinó que “es una ley un poco más amplia” y en cambio lo que proponen desde su bloque “es una medida puntual y concreta”.

“Para el estado puede ser cuanto mucho sesenta millones anuales que para el presupuesto de la provincia serìa insignificante”, informó. El impuesto que hoy pagan los inquilino es de 1.3 % del total del contrato.

“Todo lo que abarate el costo del contrato al inquilino lo favorece pero hay que tener en claro que el problema que se tiene en un contrato de alquiler es la especulación inmobiliaria”, opinó Nire Roldán referente de los inquilinos. En consonancia dijo que esta modificación no es tan trascendente en el valor del contrato como si lo es la comisión que es mayor al 5%, además dijo que “hay que establecer normativas provinciales que garanticen el equilibrio en el contrato entre el inquilino, el propietario y la intermediación inmobiliaria que hagan que abarate el costo de fondo”.

“Esto lo único que hace es restar valor a lo que cobra el estado que si bien favorece a los inquilinos no es el problema central, el cual sería grabar la especulación inmobiliaria”, consideró Roldán y agregó: “Haciendo que la comisión la pague el dueño y creando un registro de contratos de alquiler y herramientas como el servicio público del alquiler que garantizaría la participación del Estado en el negocio del alquiler”.

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