CRISIS ECONÓMICA

¿Cuál es la situación de las cuatro carroceras más importantes de Rosario?

Meltalpar, la empresa más grande del país que fabrica carrocería para colectivos urbanos, anunció que cerrará sus puertas.

Por Ignacio Pellizzón

miércoles 13 de marzo, 2019

Por Ignacio Pellizzón

De mal en peor. La empresa más grande del país que fabrica carrocería para colectivos urbanos, Meltalpar, anunció que cerrará sus puertas y despedirá a 600 empleados. La firma, que se ubica en Loma Hermosa (Buenos Aires), estaba compuesta por dos capitales extranjeros: uno chileno (Metalúrgica Paredes) y otro brasilero (Marcopolo). Ambas conformaron lo que se denomina “joint Venture”, es decir, un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas.

Sin embargo, la sociedad no pudo superar la crisis económica que atraviesa el país. Según trascendidos, la compañía se vio obligada a bajar las persianas porque las tasas de interés afectaron fuertemente la renovación de las unidades por parte de las empresas de colectivos, lo cual afectó de forma directa a Metalpar.

Cuando una empresa de esta envergadura cierra definitivamente, no sólo genera desempleo, sino que atrae a otras compañías del sector a la misma situación compleja. En este caso, los dueños de Metalpar también son dueños de Metalsur, con sede en Villa Gobernador Gálvez que produce carrocerías para colectivos de larga distancia. El grupo compró el 51% de la firma santafesina en 2012 y también en el último año mostró severos problemas productivos y efectuó suspensiones.

Carroceras de Rosario en crisis

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario indicó hace tan solo un mes que desde agosto del año pasado a la actualidad hubo 800 despidos, 43 empresas cerradas y casi 6 mil trabajadores en riesgo de perder sus puestos. Además, puntualizó que el rubro más afectado fue la línea blanca, con casi 400 despidos y más de 2.800 trabajadores afectados.

En contacto con Rosario Nuestro, uno de los apoderados del sindicato metalúrgico, Pablo Cerra, confirmó que en Rosario las cuatro carroceras más grandes se encuentran atravesando Proceso Preventivo de Crisis (PPC): Metalsur, Saldivia, Lucero y Rossi.

“Todas están atravesando una situación muy delicada, con retiros voluntarios, achicando gastos desde donde pueden, porque la crisis económica las está asfixiando” y tratan de aguantar hasta lo más que se pueda, con la esperanza de que “el contexto mejore”, pero no se ve un horizonte claro, por lo menos, “en el corto plazo”, comentó el dirigente de la UOM.

#Baring intentó comunicarse con el presidente de Metalsur para conocer su situación frente a este nuevo escenario de Metalpar, pero no tuvo suerte.

¿Qué es un proceso preventivo de crisis (PPC)?

Se trata de un proceso de negociación en el que participa el Sindicato, la empresa y el Estado (nacional o provincial) con el objeto de procurar llegar a un acuerdo de cómo aplicar las suspensiones o despidos.

Si bien la finalidad es precisamente procurar llegar a un acuerdo entre las partes para su posterior homologación, también tiene por objeto habilitar al empleador a aplicar las medidas. Por otro lado, si media un acuerdo y es homologado, nada impide de que el trabajador afectado recurra a la justicia. Los acuerdos homologados en el marco de un PPC no causan estado. Pero por otro lado la falta de acuerdo tampoco impide aplicar las medidas. Esto hace que el PPC no deje de ser en consecuencia una necesaria formalidad previa a la adopción de las medidas.

El PPC concluido, con o sin acuerdo provoca que el empleador quede habilitado formalmente, pero ello no obsta que uno o varios trabajadores recurran a la instancia judicial, donde el empleador deberá acreditar la crisis, su magnitud y la razonabilidad de la medida aplicada.

Por otro lado, si hay acuerdo, y dado que la naturaleza jurídica de este acuerdo es asimilable a la de un convenio colectivo de trabajo de empresas, se requiere que, además del sindicato, el mismo esté firmado por hasta cuatro delegados de la empresa (art. 17 Ley 14.250).

Puede ser pedido por la empresa o por el sindicato. En la solicitud que efectúa la empresa se deben explicar las medidas que tomó el empleador para superar la crisis, las causas en forma clara, el impacto que tendrá en el empleo, el personal a afectar, recalificación profesional entre otros aspectos. Recibido por la autoridad administrativa del trabajo, ésta debe dar traslado al sector sindical, y se establecen audiencias, las cuales tiene como plazo diez días hábiles.

Durante ese plazo el empleador no puede aplicar las medidas objeto del PPCE, ni el sector sindical incurrir en medidas de acción directa. No obstante, el empleador puede durante ese plazo aplicar otras medidas ajenas como despidos abonando el 100% de la indemnización, suspender por causas disciplinarias, extinguir contratos de trabajadores contratados a plazo determinado o en período de prueba, entre otros.

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