Por ese tema, el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Marcelo Molina fue consultado en Radio Mitre Rosario y señaló que, «desde el punto de vista institucional, la respuesta es la intervención de los mecanismos vinculados con la niñez» y remarcó que «no es el Poder Judicial» debido a que, desde hace ya varios años «la legislatura argentina atribuye esa responsabilidad al Poder Ejecutivo provincial y a los organismos municipales».
Asimismo, el magistrado se refirió al accionar de los vecinos y subrayó que «en algunas situaciones particulares aquel que recibe la denuncia debe asegurar su anonimato.»
Además, Molina sostuvo que en estos casos, en los cuales, los niños deben regresar a su casa tras una situación de violencia extrema, «se puede recurrir a un familiar cercano» y ahí lo que corresponde es intentar trabajar con los trabajadores desde el Estado. «En caso que eso no dé resultado, se pensará en otros mecanismos como el de la adopción», añadió.
«La mayor cantidad de casos que se registran es sobre niñas y niños ya que la visibilidad produjo un aumento significativo de denuncias. Se ha pasado en el tribunal de familia de tener un 30 por ciento de denuncias de este tipo a un 50. En números serían de 4.000 expedientes por año a 6.000. Habla de varias cosas, pero sobre todo, de la concientización del hecho de denunciar, de no quedarse angustiado y ejercer sus derechos», concluyó.
