En el marco de la investigación por presuntas irregularidades en una licitación de compra de armas, el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain recibió un embargo de 100 mil dólares, se le prohibió tener contacto y acercamiento a testigos y denunciantes, se le impuso el ingreso a dependencias del Ministerio de Seguridad y de Economía y a los inmuebles de la Policía de Santa Fe.
Las medidas cautelares, dispuestas por el juez Héctor Gabriel Candioti, también alcanzan al exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y al exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas.
Asimismo, se les exigió a los ex funcionarios de Seguridad informar la ausencia de sus domicilios.
Los tres están imputados por intentar defraudar al Estado santafesino y beneficiar a una empresa en una licitación para comprar armas para la policía por más de 17 millones de dólares.
“El haber probatorio reunido hasta el momento permite tener por acreditado la probable autoría de los imputados en los hechos investigados”, dijo el juez.
“El grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso se encuentra satisfecho”, sostuvo Candioti en su resolución.
El juez también hizo lugar a las calificaciones legales imputadas por la Fiscalía: negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta.
En la argumentación desarrollada en la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvo que hay elementos de convicción suficientes para acreditar de que –al menos desde mayo de 2020– los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe.
Según se precisó en la audiencia, la licitación era por un total de 17.103.543 dólares, y también se indicó que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario público hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares.
Se expuso que el accionar delictivo tuvo como fin beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían adquirir.
Además, la Fiscalía hizo hincapié en el testimonio brindado por el exjefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, quien afirmó que en reiteradas oportunidades, en diversas reuniones realizadas en diferentes ámbitos, el exministro imputado ya había manifestado su preferencia por las armas comercializadas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
En la audiencia también se indicó que los exfuncionarios imputados plantearon la necesidad de adquirir 12.272 armas, cantidad que fue considerada excesiva y desproporcionada. La elección de una sola marca hubiera demandado 17.103.543,60 dólares; mientras que el costo de la compra por separado a otros oferentes hubiese sido menor.
La Fiscalía aclaró que, tras diversas intervenciones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía, la Cámara Contencioso Administrativo, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas), la licitación fue dejada sin efecto. Por lo tanto, los imputados no lograron su objetivo de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.
