Cuadernos K:

Citan a Cristina y a 100 empresarios de la construcción a declarar


El juez federal Claudio Bonadio llamó hoy nuevamente a declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner, a exfuncionarios kirchneristas y a un grupo de unos 100 empresarios de construcción por estar presuntamente ligados al pago de sobornos.

Entre los exfuncionarios se encuentran Julio De Vido, José López y Roberto Baratta, quienes actualmente están detenidos en distintos complejos del Servicio Penitenciario Federal por diversas causas.

Y entre los hombres de negocios que deberán declarar –con riesgo de quedar detenidos– están los expresidentes de la Cámara Argentina de la Construcción durante el kirchnerismo, Carlos Wagner y Juan Chediack.

Asimismo, deberá volver a presentarse en los Tribunales de Comodor Py el empresario Ángelo Calcaterra, primo hermano y exsocio del jefe del Estado, Mauricio Macri.

La actual senadora nacional por Unidad Ciudadana, sus excolaboradores y los hombres de negocios deberán presentarse para declarar ante el juez y los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo en el transcurso de los próximos tres meses a partir del 20 de febrero, confiaron fuentes judiciales a este medio. La expresidenta tiene su cita para el 25 de febrero, día del natalicio de Néstor Kirchner.

Se trata de un nuevo avance en la denominada causa de los cuadernos de la corrupción, por el presunto pago de sobornos entre 2008 y 2015 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a quien la Justicia apunta como la jefa de una asociación ilícita.

Los investigadores de la Fiscalía de Stornelli y del juzgado de Bonadio habrían descubierto nuevas ramificaciones en el supuesto pago de sobornos a exfuncionarios, por lo que la exmandataria deberá presentarse por tercera vez a indagatoria ante el magistrado.

Antes de confirmar el llamado a indagatoria de estas 101 personas, Bonadio ordenó unos 82 operativos en los que se obtuvo información sensible para la causa, explicaron las fuentes judiciales consultadas.

Esos operativos fueron requerimientos de información y allanamientos a 71 empresas en al menos 14 provincias durante noviembre, diciembre y enero. Todas las firmas investigadas estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos durante la gestión kirchnerista.