La Justicia condenó este jueves a prisión perpetua a un ex capitán de inteligencia y tres ex policías por crímenes de lesa humanidad cometidos a 29 víctimas durante la última dictadura militar, en el marco de la causa conocida como Klotzman. Los imputados fueron juzgados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años y asociación ilícita.
Se trata de Jorge Alberto Fariña, Luis Paulino Coronel, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. El primero retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de la ciudad de Rosario; los demás ex agentes de la Policía Federal Argentina.
El defensor particular Gonzalo Miño, patrocinante de Langlois, Fariña y Almeder, pidió durante la audiencia la absolución de sus clientes al considerar que no existen evidencias concretas que prueben la acusación. Un defensor oficial hizo el mismo planteo para el cuarto imputado, el policía López, al brindar el alegato final del debate.
Miño señaló que el policía Almeder, «por su bajo rango», no daba las órdenes ni directivas y afirmó que «no existe elemento de convicción alguna» para responsabilizarlo penalmente de los hechos que se le endilgan.
En el caso de Langlois, el abogado postuló que «no tenía capacidad de mando, de organizar ni dirigir procedimientos» como en los que fueron secuestras las víctimas.
El fiscal del juicio, Adolfo Villate, había pedido al tribunal en su alegato la pena de prisión perpetua para los cuatro involucrados en el secuestro, desaparición y muerte de la cúpula rosarina del ERP, al igual que las querellas particulares y la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Villate sostuvo que «los hechos están suficientemente probados y con el grado de certeza requerido para un veredicto de condena», al acusar a los imputados por homicidios, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita en el caso de los policías.
Además, solicitó que esos hechos sean «calificados como delitos de lesa humanidad» por cuanto «formaron parte de un plan sistemático y generalizado que se llevó adelante en contra de la población civil».
Finalmente, la sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, integrado por la jueza Mariela Emilce Rojas y los jueces Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Ferrero.
Durante el juicio, que luego de varias postergaciones se inició en septiembre del año pasado, se ventilaron los casos de 29 víctimas del terrorismo de Estado, la mayoría ligadas al ERP, de las cuales solo hubo dos sobrevivientes.
Se trata de Fernando Brarda, quien prestó su testimonio en el debate, y de un hombre que luego de 40 años supo que estuvo secuestrado «por error» en el centro clandestino «Quinta Operacional de Fisherton», por la que pasaron los desaparecidos de la causa.
El debate oral incluyó además la sustracción y supresión de identidad de una menor de 10 años, la hija del matrimonio formado por Ricardo Klotzman y Cecilia Barral, quien estaba embarazada y dio a luz en cautiverio, y que fue dada en adopción legal a un matrimonio de la ciudad de Santa Fe.
Ambos están desaparecidos, recordaron voceros del caso.
Su hija, María Pía Josefina Kerz, conoció su verdadera identidad en abril de 2011 tras someterse a pruebas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y se convirtió en la nieta número 103 recuperada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
