La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme hoy el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner. La ex mandataria está acusada de asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez. La senadora electa quedó en condiciones de ser enviada a juicio oral.
El expediente en el que se investiga a Fernández de Kirchner por delitos en la obra pública en esa provincia patagónica se convertiría en el segundo proceso oral y público que deberá afrontar la senadora nacional electa, dado que ya fue elevada a juicio oral la causa en la que está procesada por las operatorias de dólar futuro al final de su mandato. Este juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1, con fecha de inicio aún a determinar.
En tanto hoy, el máximo tribunal penal del país rechazó recursos de queja directos presentados por la defensa de la ex presidenta y del también procesado Báez contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal. La resolución es la que confirmó los procesamientos resueltos en la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz por el juez federal Julián Ercolini.
El magistrado quedó entonces en condiciones de iniciar los trámites procesales necesarios para el envío del caso a juicio oral, según las resoluciones de la sala IV firmadas hoy. Además, se rechazaron recursos de Báez, procesado junto a Cristina, y los también detenidos ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
La ex presidenta está procesada sin prisión preventiva como coautora de «asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública». La causa investigó cómo, durante su presidencia, se direccionó la adjudicación de obra pública a las empresas del grupo Báez en Santa Cruz por un valor calculado en 46.000 millones de pesos. Además, Casación dejó firme el embargo de 10 millones de pesos impuesto por el magistrado a la ex presidenta.
