A nadie le es ajeno que el tribunal que juzgó a Los Monos se hizo cargo de un problema complejo. Tomaron «el fierro caliente» e hicieron cumplir la ley, sabiendo que podía tener repercusiones en su contra.
Por ello este miércoles por la mañana diferentes políticos y funcionarios mostraron su solidaridad luego de las balaceras a dos viviendas en las que vivió el juez Ismael Manfrín —el presidente del tribunal que juzgó a la banda de barrio La Granada—.
La Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich explicó, a través de su cuenta de Twitter, que las balaceras del martes por la noche están estrechamente relacionadas con el avance de las fuerzas del Estado sobre la estructura del narcotráfico.
Junto al TOF 3 hemos decidido trasladar a dos jefes de Los Monos a cárceles donde no puedan seguir liderando. El ataque al Juez Manfrin es un intento de amedrenta a la Justicia y a todos los que trabajamos contra el narcotrafico. Con más firmeza que nunca, sepan que no va a pasar
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 30, 2018
A su vez, desde Tailandia —donde se encuentra de viaje junto a empresario y representantes de la Provincia— el gobernador Miguel Lifschitz señaló que » es un mensaje intimidatorio para la Justicia en general, para los jueces y fiscales que investigan a bandas de narcotráfico. Un claro acto de intimidación sobre la Justicia en general, sobre la Justicia de Santa Fe, y la Justicia Federal». Pero lejos de demostrar temor, señaló que «vamos a coordinar con Nación las acciones a seguir. No sólo para encontrar a los responsables de esta balacera, sino para profundizar en cada una de las causas que están en curso». cerró.
El ministro de Justicia Ricardo Silverstein compartió su postura y aseguró que para la provincia la lucha contra el narcotráfico es una cuestión de Estado y por ello las balaceras son un tema muy delicado. «Hay una alta probabilidad, uno no puede afirmarlo con certeza, pero si te tirotean las dos casas que fueron habitadas por el juez que condenó en el juicio a Los Monos no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que probablemente debe venir de eso y es un mensaje de estos sectores», aseguró.
También se hizo eco de la situación el presidente del Colegio de Magistrados Gustavo Salvador. «Estamos sumamente preocupados por esta situación. Es de una extrema gravedad institucional. Se pretende interferir en el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Y eso no es admisible en un estado de derecho o en una democracia como en la que estamos viviendo», cerró.
