A pocas semanas de que nazcan sus hijos, Amado Boudou quedó en libertad. La sala de Feria de la Cámara Federal porteña decidió de manera unánime otorgarle la excarcelación en la segunda causa donde el juez Ariel Lijo le dictó la prisión preventiva. Se trata de la investigación donde se lo acusó de peculado por rendir viáticos con facturas apócrifas cuando fue ministro de Economía.

Después de realizar una serie de trámites en la sede de la Policía Federal en Madariaga y General Paz, se dirigió a su nuevo domicilio en Barracas junto a su pareja, la mexicana Mónica García de la Fuente, que en pocas semanas será madre de mellizos.

Los jueces de la Cámara Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah posibilitaron que el ex vicepresidente deje la cárcel. No hubo disidencia respecto a su excarcelación. Sin embargo, no coincidieron en cuanto a su condición fuera de la cárcel.

Primero que nada, no quiero ocuparme de mí, sino de los compañeros y compañeras que están detenidos con prisión preventiva. Los que son perseguidos. Es un sistema que está dando vuelta la presunción de inocencia y tiene que ver más con el escarnio que con la justicia”, dijo Boudou al hablar ante los medios.

El ex vicepresidente aprovechó para cargar sobre el Poder Judicial: “Está haciendo abuso. Y no es por mí que logré la libertad, sino por todos los compañeros que están detenidos en todo el país y esto es una situación grave”. El próximo lunes deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py, donde jurará estar a derecho.

El juez Bruglia había votado por colocarle una tobillera electrónica mientras que Farah, al igual que en su voto de ayer, sólo aplicarle una caución juratoria, es decir que se presente ante el tribunal para firmar bajo juramento que estará a derecho. Por tal motivo, una vez más, tuvo que intervenir el juez de la Cámara del Crimen, Rodolfo Pociello Argerich.

La decisión se tomó antes que el juez Martín Irurzun vuelva a integrar la sala desde el próximo martes. Con una postura más estricta respecto a la prisión preventiva fue quien estableció un fallo utilizado por varios jueces, entre ellos Lijo, para decidir sobre la libertad de investigados por corrupción.