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viernes 29 de marzo del 2024

Argentina presentará un informe en La Haya sobre torturas en Venezuela

Fue elaborado por el Ministerio de Justicia en base a testimonios de venezolanos que residen en el país. Denuncian asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución política

Veintinueve de los más de cuarenta testimonios que venezolanos residentes en la Argentina brindaron entre julio y agosto en el Centro de Orientación a Migrantes del Ministerio de Justicia serán remitidos por el Gobierno argentino en los próximos días a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Los mismos encuadrarían como crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma, y se afirma que fueron cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y otros cuadros del aparato de poder chavista.

El viernes último, el ministro Germán Garavano firmó la orden que derivará los testimonios a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La ex presidente de Chile presentó en julio pasado un crudo informe que da cuenta de miles de abusos cometidos en el país caribeño. También la OEA denunció a Maduro ante La Haya.

Clarín obtuvo en exclusiva parte de ese informe del Centro de Orientación a Migrantes que refiere a relatos directos de asesinatos, torturas, encarcelaciones y privaciones graves de la libertad físicaviolencia sexual, desapariciones forzadas, persecución fundada en motivos políticos y excesivo uso de la fuerza para reprimir manifestaciones.

Los testimonios dados por los venezolanos en persona ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación refieren a hechos ocurridos entre 2014 y 2019. Según confirmó el propio Garavano hace unos días, tras las PASO en la Argentina, las denuncias se frenaron, lo que presupone un temor por el cambio de política hacia Venezuela que advirtió que tendría un eventual gobierno de Alberto Fernández, y por temor incluso a la presencia de miembros de la inteligencia chavista en este país.

El testigo 506470, por ejemplo, dijo haber sido fiscal del Ministerio Público venezolano durante 19 años. Entre el año 2015 y el 2017 investigó delitos y violaciones contra los derechos humanos en el Estado de Carabobo, donde empezó en 2015 la “Operación para la Liberación del Pueblo” en donde se llevaron a cabo 1.700 ejecuciones extrajudiciales.

“Las víctimas se encontraban en su casa durmiendo, las Fuerzas Armadas llegaban y los ejecutaban”, afirmó. Y agregó que en la Operación se cometieron “cantidades de ejecuciones”. El testigo cuenta con material probatorio entre soporte fotográfico y videográfico, señala el informe que tiene este diario, con reserva del nombre del fiscal.

En otro momento, un testimonio da cuenta del llamado “Plan Zamora”, efectuado en 2017: “Durante el operativo se produjeron arbitrariedades, detenciones ilegales”. En ese operativo se produjo la ejecución de Hecder Pérez Lugo: el testigo declara que fue un coronel quien lo ejecutó y cuenta con material videográfico del momento del asesinato.

Por otro lado, el testigo número 506554 afirmó que “su hermano fue asesinado, una noche en la madrugada” por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Estas ingresaron a la vivienda donde residía su hermano con su familia, “requisaron la misma, se llevaron todos los objetos de valor, apartaron a la esposa y a sus hijos y lo mataron”, denunció.

También algunos testimonios manifiestan tener conocimiento de gente desaparecida y víctimas que fueron “violentadas sexualmente, ultrajadas por las armas de militares”, según la denuncia del testigo número 506470.

Los testimonios que pudo observar Clarín abundan en golpes físicos hasta dejarlos inconscientes, posición en cuclillas o arrodillados durante horas, amenazas de muerte y desaparición de la víctima y sus familiares, mantenerse parados sobre el asfalto caliente, situación de hacinamiento en los centros de detención, encierro en espacios reducidos por horas, ataques con bombas lacrimógenas en lugares encerrados, disparos a quemarropa, electrocución, asfixia, privación del sueño, y utilización de picanas eléctricas en piernas, testículos y brazos.

Las denuncias apuntaron directo contra las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DEGECIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Guardia Nacional de Venezuela (GAE), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Entre los centros de detención mencionados están la “Boleita”, el Centro de Detención “Ramo Verde” Comando Operacional Regional N°5 (CORE), “La Tumba” y el Helicoide.

Y entre los hombres a los que se mencionaron como responsables se apuntó contra el general Juvenal Fernández; el teniente Coronel Efraín Verdú; el comisario Carlos Alcántara; el comisario José Domínguez; el general Antonio Benavidez Torres; contra el general Néstor Reverol, ministro de Interior de Justicia; y el presidente Nicolás Maduro.