La escena se repitió: un allanamiento a una casa de familia, estupor a la hora de la cena, algunos imputados que no tienen idea de por qué lo son, otros que, seguramente, no pueden creer que todo haya llegado a esa instancia. Lo que no se repitió fue el resultado. De los cinco detenidos, un joven de 18 años fue el primer imputado con caución en contra. Es decir, su libertad tiene ahora un costo de 10 mil pesos. A principios de esta semana se realizarán las audiencias imputativas del resto de los detenidos, aunque serán en estado de libertad.
Darío Chávez, director provincial de Investigación Criminal, informó esta mañana en Radio Mitre Rosario que los cinco detenidos el viernes recuperaron la libertad el mismo día, incluido el joven de 18 años que tuvo su audiencia imputativa. «La diferencia es que este chico salió en libertad, pero tiene hasta el martes para hacer efectiva una fianza de 10 mil pesos. Caso contrario, se tiene que revisar nuevamente esta medida cautelar sobre su libertad. Lo interesante es que el juez también le prohibió salir de la provincia. Es un joven que está en una situación bastante complicada».
El joven en cuestión es el primer imputado con caución en contra. En las primeras audiencias que se hicieron por amenazas, explicó Chávez, también se habían pedido cauciones, pero el juez no hizo lugar. Esta vez, el Juzgado consideró oportuna la medida.
La escena que hace tiempo no se repite es la de calles cortadas, chicos perdiendo clases, llamados alertando porque en algún momento y en algún lugar, una escuela puede explotar. Las primeras detenciones y allanamientos y los padres de adolescentes que terminaron imputados, es decir, el accionar de la Justicia, hicieron que las amenazas cesen. Darío Chávez advirtió, sin embargo, que no significa que también frene el trabajo de investigación. Es decir: la Justicia seguirá su curso y los allanamientos continuarán. De hecho, los llamados de estas últimas detenciones tienen dos meses de antigüedad. «Que el chico o chica que llamó en febrero no se confíe. Nosotros vamos a investigar todas las llamadas», remarcó.
Las investigaciones por las amenazas de bomba derivaron en detectar cada vez más la compra masiva de chip de celulares. Chávez señaló, como ejemplo, que manejan el dato de una mujer que tiene 81 líneas a su nombre. «Eso es raro, salvo que sea una persona dedicada al rubro. Hay un vacío legal en cuanto a la responsabilidad y la obligación de tener que las empresas de telefonía respondan a quién le corresponde una línea», remarcó Chávez. Y en ese sentido, el vacío legal implica que no haya sanción ni administrativa, ni penal, ni económica por no notificar quién posee cada línea.
«En este momento hablamos de amenaza de bomba. Pero nosotros investigamos todo tipo de delitos, hay también otros crímenes muchos más graves y perversos», remarcó Chávez. Y también advirtió que a pesar de esas faltas de registro y de un mercado no regulado, es posible llegar a las personas que poseen una línea para cometer delitos.
