Frente a la inminente finalización de la vigencia del Decreto 320, el próximo 31 de marzo, el Gobierno anunció que creará, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, un «protocolo de riesgo temprano de desalojo». Estará destinado a asistir familias que puedan quedarse en la calle desde el primer día de abril.
La Secretaria de Desarrollo Territorial de la Nación estará a cargo de la reglamentación, tarea para la que se realizarán interconsultas con distintas áreas del Gobierno y que debería estar concluida antes del 31 de marzo, día en que pierde vigencia el decreto, que ya fue prorrogado en reiteradas oportunidades durante la pandemia.
Cabe destacar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres la mediación es una «instancia obligatoria previa a un desalojo» y rige para todos los contratos, no sólo para los que fueron celebrados una vez promulgada la norma, en julio pasado.
Por otra parte, quienes hayan tenido dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar los meses adeudados y aumentos postergados en un mínimo de tres y un máximo de 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. A su vez, el decreto estipula que podrán aplicarse intereses compensatorios, aunque no intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.
