El funcionario municipal que inspeccionó el Café de La Flor, donde en octubre de 2015 murió electrocutado el músico Adrián Rodríguez, fue finalmente absuelto en una resolución de los jueces penales de Segunda Instancia, Carina Lurati, Gabriela Sansó y Guillermo Llaudet, avalando el pedido del juez Andrés Donnola. Los magistrados entendieron que los fiscales «faltaron a su deber de objetividad» al llevar a juicio al inspector Pablo Akerman.
Seis meses antes del incidente que provocó la muerte de Rodríguez, Akerman inspeccionó el lugar. Los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Ademar Bianchini acusaron al funcionario municipal de incumplir sus deberes y falsificar documentos. Además detallaron, a través de testimonios de testigos, que el local estaba en iguales o peores condiciones que en octubre, fecha en la que ocurrió el fatídico episodio.
Hace cinco meses el juez Andrés Donnola resolvió absolver a Akerman. Contrastando los argumentos de los fiscales, el magistrado consideró que las condiciones del bar en abril no eran las mismas en octubre. Y detalló que durante ese tiempo el bar cambió de dueños, una tormenta afectó el tablero de electricidad y un electricista hizo arreglos en las instalaciones, anulando el disyuntor.
Además, en la resolución explicaron que la fiscal Piazza Iglesias omitió el testimonio de una testigo. «Interrogó a una testigo, de la que no objetó su veracidad, quien dijo que el día previo «saltaba la térmica» y tenían que «encintarla» para poder usar la energía eléctrica», dijo.
Y apuntaron que la fiscal «conocía dicho testimonio, dicha circunstancia y omitió señalarlo». Y así consideraron que Piazza Iglesias «vulneró el deber que le cabe de objetividad» al sostener la acusación de todas formas.
Por último, explicaron: «El Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevó a juicio a una persona conociendo que el día de la muerte se había quitado el disyuntor, lo que da por tierra su teoría del caso, por cuanto en el momento de la inspección el disyuntor estaba correctamente colocado y funcionando».
Al considerar que esa circunstancia fue ignorada por la fiscalía «en forma voluntaria», la jueza Carina Lurati pidió la intervención del fiscal general Jorge Baclini. El objetivo es que reciba una copia de la sentencia y analice «el accionar de los fiscales». «Se ha llevado a cabo un innecesario dispendio de recursos económicos y humanos, por haberse apartado de dicho deber (de objetividad)», remarcó.
El caso hasta el momento tiene dos imputados que esperan por el juicio. Se trata de Ariel Scharf, dueño del local, y Fernando Campodónico, el electricista que trabajó en la instalación eléctrica del lugar.
